Autoridades, miembros de esta Real de Legislación y Jurisprudencia, Señoras y Señores,

Nos hemos reunido hoy, en esta sede hermana del Iltre. Colegio de la Abogacía cuya hospitalidad agradezco una vez más, para recibir como nuevo Académico de número a D. Maximiliano Castillo, brillante abogado y fino jurista que acaba de acreditar el acierto que, en su día, tuvo el Pleno de la Real Academia al elegirlo como miembro numerario de esta corporación. Enhorabuena, Maxi, permíteme que aún en este acto solemne te llame así; y enhorabuena también al académico, Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller, que le ha recibido con un inteligente discurso a la altura que merece el recipiendario. La Academia cumple así con uno de sus fines: promover el estudio de todas las ramas del Derecho y saberes con él relacionados.

Pero la Academia no puede limitarse a eso, sino que también, como testigo de los aconteceres que, en estos atribulados tiempos, preocupan a nuestra sociedad, me parece que puede y debe ser uno de los actores que, desde la perspectiva jurídica, llame la atención sobre los problemas que causan desazón a buena parte de nuestros conciudadanos. Y la Academia no es un actor cualquiera, por la especial cualificación de sus integrantes. Así lo hemos hecho en ocasiones anteriores, como cuando nos ocupamos de la polémica generada por la Ley de Amnistía, o de ciertas cuestiones en torno a la Huerta de Murcia, aunque he de decir que este es un tema abierto, en suspenso, sí, pero no olvidado.

Quiero dejar claro que, aunque somos muchos los académicos que coincidimos en la valoración de algunos preocupantes hechos, debe quedar claro que mis palabras, hoy y aquí, no reflejan una opinión corporativamente formada, sino una opinión estrictamente personal, aunque si me permito trasladarla públicamente es porque, con los matices que se quiera, me consta que es ampliamente compartida. Simplemente creo que el momento histórico que vivimos merece dejar testimonio de mi preocupación como jurista y como ciudadano. Bien entendido, insisto en ello, que lo que voy a decir no se debe escuchar como opinión de la Academia, sino de su presidente.

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No puede ser que, ante los hechos poco edificantes de los que se nos da cuenta a diario en todos los medios ignoremos que en la situación que vivimos, nos convoca una necesidad urgente, un deber moral y una responsabilidad histórica en defensa de nuestra arquitectura democrática, en amparo del legado de concordia que recibimos y en salvaguardia del futuro de libertad que debemos transmitir a las siguientes generaciones. Y esa es una responsabilidad que ni podemos ni debemos eludir.

Para saber hacia dónde nos deslizamos, y sobre todo para entender que es lo que, en mi opinión, corremos el riesgo de perder, es imprescindible volver la vista atrás. Es necesario recordar el pilar fundamental sobre el que se edificó la España moderna, ese fenómeno que se dio en llamar la Transición española, como ejemplar evolución desde un régimen autocrático a una democracia moderna, objeto de estudio en los manuales de Derecho político en todo el mundo. Lamentablemente, en los últimos tiempos a menudo se intenta reescribir aquel proceso con una ligereza alarmante. La Transición no fue un simple compromiso de olvido ni una mera maniobra de despachos y pasillos. Contemplada con la perspectiva del tiempo histórico transcurrido y teniendo muy presente el punto de partida, de donde veníamos, no creo exagerado decir que la transición fue el mayor acto de generosidad, madurez y valentía colectiva que ha vivido nuestra patria en su historia contemporánea. La Transición fue el momento en que españoles de bandos ideológicos opuestos, hombres y mujeres que arrastraban las heridas de un pasado doloroso y fracturado que había causado profundas heridas en ambos bandos, decidieron mirarse a los ojos no como enemigos, sino como compatriotas.

Aquel proceso se asentó sobre valores que, desdichadamente, hoy parecen cotizar a la baja en algunos sectores del poder: el consenso, la tolerancia, la renuncia a la verdad absoluta y, por encima de todo, el imperio de la ley.

Los españoles entendimos entonces que la democracia no consiste en imponer la mitad más uno sobre la otra mitad, sino en construir un marco común donde todos, absolutamente todos, tengamos cabida. Y ese marco común se llamó Constitución de 1978.

La Constitución no nació para ser un arma arrojadiza, sino el escudo de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del poder. Y en el corazón de ese diseño constitucional se grabó a fuego una regla de oro de las democracias liberales: la separación de poderes. El barón de Montesquieu lo advirtió hace siglos, y su lección sigue plenamente vigente: "Todo hombre que tiene poder siente la inclinación a abusar de él... para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder". Por ello ya el premonitorio aviso de un combativo líder político de los años noventa anunciando que Montesquieu ha muerto auguraba nada bueno; aunque seguramente ni él mismo imaginaba hasta donde podrían llegar las cosas.

Cuando hoy contemplamos la preocupante deriva de un Poder Ejecutivo; que no busca gobernar dentro de la ley, sino moldear la ley a la medida de sus necesidades políticas; que no acepta la fiscalización, sino que señala y ataca a quienes tienen el deber de controlarlo... entonces, la complacencia no es una opción. Parafraseando a nuestro nuevo académico, el silencio nos hace cómplices.

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Asistimos hoy a una suerte de asedio institucional, cuyo primer y más encarnizado frente de batalla se centra sobre el Poder Judicial. Estamos presenciando un espectáculo inaudito en nuestra democracia: el señalamiento público, con nombres y apellidos, de jueces y magistrados desde la tribuna de oradores del Gobierno y sus socios. Se les acusa de lawfare, sin que se sepa bien que se quiere decir con esta expresión; se fantasea con imaginarias conspiraciones togadas y se intenta minar la credibilidad de los tribunales ante la opinión pública. Pero en su conjunto la justicia no se doblega, al margen de las legítimas adscripciones ideológicas de sus componentes.

La respuesta al motivo de este ataque sistemático es tan vieja como la ambición humana: un juez independiente es el último obstáculo para el poder absoluto. Tristemente, el Ejecutivo parece haber olvidado que en España la soberanía reside en el pueblo, sí; pero esa soberanía se expresa a través de las leyes que los jueces están obligados a aplicar, sin mirar las siglas, el cargo o el apellido del encausado.

Cuando se ataca a un juez o a un fiscal por aplicar la ley, no se está atacando a una persona; se está desmantelando el Estado de Derecho. Si los ciudadanos perciben que la justicia es un mero instrumento de la política, que los tribunales están al servicio del gobernante de turno, se resquebraja el contrato social. Sin seguridad jurídica, la democracia se convierte en una envoltura vacía y la libertad en una quimera.

Ante esta percepción, desde aquí quiero mandar un mensaje claro, nítido y rotundo a todos los servidores, de cualquier ideología, de la judicatura española y también de la Fiscalía: podéis tener la convicción de que no estáis solos, porque quienes creemos en el Derecho sabemos que vuestra independencia es nuestra libertad. Cada vez que dictáis una sentencia aplicando la norma frente a las presiones políticas, estáis protegiendo los derechos de cada ciudadano de este país. La justicia no es un apéndice del Gobierno; es el pilar que sostiene la nación de ciudadanos libres e iguales que es España.

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Permítaseme todavía tener unas palabras para quienes acertadamente deberíamos llamar custodios de la libertad. Y es que el control que parece buscar el Ejecutivo no se detiene en los juzgados. Se extiende de manera alarmante hacia las instituciones que garantizan nuestra seguridad, nuestro orden constitucional y la ejecución misma de las leyes, como son la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ambas instituciones son, año tras año, las más valoradas por los ciudadanos españoles. Y lo son por una razón muy sencilla: porque sus hombres y mujeres visten el uniforme con vocación de servicio, neutralidad política y lealtad inquebrantable a la Corona como forma de Estado, a la Constitución y al pueblo español. Son los que llegan donde el Estado a veces no llega; son los que arriesgan su vida en el Estrecho, en nuestras fronteras, en las calles de nuestras ciudades y en el rincón más aislado de la España rural.

Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo a una utilización partidista e instrumental de estas fuerzas. Hemos visto con estupor ceses fulminantes de mandos intachables por el mero hecho de cumplir con su deber judicial y negarse a filtrar informes sometidos a secreto de sumario. Asistimos a la desprotección física, material y moral de nuestros agentes en las fronteras y en las zonas calientes del narcotráfico, mientras el Ejecutivo prefiere priorizar pactos políticos con quienes debilitan al Estado.

Es intolerable que se trate a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como herramientas de conveniencia política. Cuando un ministro o un responsable gubernativo purga a un servidor público por su integridad, no está mejorando la seguridad del país; está debilitando las defensas de la democracia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son la guardia pretoriana de ningún gobierno; son los garantes de la libertad de todos. Su sumisión debe ser siempre a la ley, nunca al capricho del político de turno. Su lealtad la deben al Estado, que es consistente y estable, no al Ejecutivo, que es transitorio.

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Señoras y señores: la Transición nos enseñó que la democracia es una construcción robusta, pero cuya maquinaria requiere un mantenimiento constante que rellene sus fisuras y recosa sus costuras. Los valores no necesariamente se heredan, sino que hay que defenderlos cuando advertimos que son soslayados. La democracia hay que defenderla cada día.

Lo que costó generaciones construir sobre el soporte del perdón y el esfuerzo mutuo en la reconciliación, no puede ser desmantelado por la arrogancia de quienes ven las instituciones del Estado poco menos que como una captura cinegética.

No estamos ante una discusión técnica de juristas ni ante una disputa partidista ordinaria. Estamos ante una encrucijada existencial para nuestra nación. O permanecemos fieles al espíritu del 78 —un Estado social y democrático de derecho, con separación de poderes y sumisión de todos a la ley— o nos deslizamos hacia un modelo autocrático donde la voluntad del gobernante, sin contrapesos, no encontrará límites que la neutralicen.

Por ello, desde esta tribuna, me permito apelar hoy a la conciencia de la sociedad civil en la defensa de aquellos valores. Y me refiero concretamente a los profesionales de la justicia, a las fuerzas de seguridad, a los intelectuales, a los jóvenes y a los mayores para que, en su actuar, simplemente recuerden de donde salimos y lo difícil que fue llegar hasta aquí.

Con mi agradecimiento por su asistencia y atención, el acto ha concluido. Se levanta la sesión.

El Ayuntamiento de Murcia, ha organizado un conjunto de actos conmemorativos para celebrar el 1200 aniversario de la Ciudad, a los que se ha sumado el Consejo de Academias de la Región de Murcia mediante la organización de un ciclo de conferencias científicas, impartidas por Académicos de Número sobre temas tan variados como la salud de personas y animales, la música, flora y juegos de mesa.

La Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia ha participado en dichos actos mediante la conferencia que pronunció Don Javier Lozano Bermejo, académico de número, el 11 de noviembre de 2025 en el salón de actos del Edificio Moneo del Ayuntamiento de Murcia con el título COSTUMBRES Y ORDENANZAS DE LA HUERTA DE MURCIA.

Ante un público nutrido no solo de miembros de las academias sino también de representantes de los huertanos, el conferenciante expuso los elementos básicos de la Huerta de Murcia, que son tres:

1º- El Segura, que ha propiciado el fructífero asentamiento de un pueblo en sus riberas y que acusa en sus últimos cincuenta años, un deterioro notable en la calidad, fuerza y caudal de sus aguas.

2º.- El clima que favorece, el desarrollo de una agricultura dinámica que además de los frutos naturales, se ha extendido a la conserva, alimentación infantil, productos básicos para la industria farmacéutica. Siendo absolutamente necesario contribuir a su estabilidad mediante las acciones de reforestación que sean precisas.

3º.- El ingenio y espíritu de trabajo y emprendimiento de sus habitantes.

Los tres elementos esenciales precitados y su desarrollo armónico han sido tutelados mediante costumbres y ordenanzas, que han procurado la extensión de un orden, no solo a la regulación de las aguas para riego, sus acequias y reparto, sino también a la limpieza y mantenimiento de todas las infraestructuras para el riego. Extendiendo su función regulatoria de las relaciones humanas, mas allá de su genuino ámbito competencial, a la ordenación de medidas, caminos, edificaciones dentro de un determinado ámbito espacial, convirtiéndose así en germen de los estatutos, acuerdos de socios y pactos parasociales que contribuyen en la actualidad al orden de asociaciones y sociedades mercantiles.

A continuación expuso los aspectos fundamentales de las Ordenanzas de la Huerta de Murcia, compiladas y comentadas por el letrado D. Pedro Diaz Cassou, es particular se refirió a:

La delimitación territorial, que comprende las tierras regadas por el rio Segura y sus filtraciones a través de las acequias mayores Aljufia y Alquibla o Barreras. Espacio que se extiende a través de un valle de unos 25 kilometros de largo por 15 kilometros de ancho.

Las singulares unidades de medida, tahúllas, cuartas, ochavas y brazas y sus equivalencias al sistema métrico. Los instrumentos de medida, cuerda de esparto o soga y caña con marcas, utilizados por los “sogueadores”. Las reglas de medida en función del destino, venta o arrendamiento y el tratamiento de los eriazos.

La anchura de los caminos y vías, distinguiendo los caminos reales, los públicos, las sendas públicas y los caminos de los herederos. Las limitaciones y prohibiciones a la edificación en la confrontación de carriles o sendas públicas, respetando siempre una separación.

El aprovechamiento de las hojas de morera.

El sistema de distribución de las aguas basado en un criterio de distribución proporcional del volumen de agua variable, que se extrae del rio en la Contraparada.

Y los órganos de supervisión, vigilancia, decisión e imposición de sanciones pecuniarias entre los que citó a los “sobrecequieros” o “cequieros”, precedentes de los procuradores; los “procurador” como persona encargada de la vigilancia de cada acequia y al Consejo de Hombres buenos con su función tuitiva del cumplimiento de las Ordenanzas.

Concluyó la exposición pidiendo que el Organismo de Cuenca realice una revisión sobre el caudal y calidad de las aguas del Rio Segura, por cuanto que en los últimos cincuenta años se ha apreciado una notabilísima disminución del velocidad, fuerza , caudal y calidad de las aguas con notorio detrimento así como que se acometan acciones de reforestación, dentro y fuera de la ciudad así como que se preste una especial atención al mantenimiento y actualización de las Ordenanzas de la Huerta de Murcia.

Concluida la conferencia, con un gran aplauso de los asistentes, el presidente de la Academia, Don Juan Roca Guillamón, abrió un turno de palabra que culminó con la invitación al Presidente de la Junta de Hacendados, Don Diego Frutos, que tuvo la deferencia de acompañarnos con algunos de sus compañeros, para que subiera a estrados y pudiera intervenir.

Lo que dijo, con palabras emocionadas, se puede resumir como que hay que hacer todo lo posible por mejorar y actualizar la huerta, pero teniendo siempre presente que no puede haber huerta sin huertanos y que éstos necesitan de todo el apoyo a su actividad, que es una actividad económica que debe ser productiva y satisfacer las necesidades vitales de quienes se dedican a ella, que son los más interesados en preservarla y los que mejor conocen lo que es bueno y lo que no lo es para dicho propósito.

El 12 de junio de 2025 en el salón de actos del Centro Cultural LAS CLARAS de Murcia la Real Academia celebró sesión convocada para hacer entrega del sexto premio Antonio Reverte Navarro y celebrar el solemne acto de incorporación a la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia, en calidad de Académico de Honor, del Registrador de la Propiedad y Mercantil, Don Jose Tomás Bernal-Quirós Casciaro.

Crédito: Andrés Molina, fotógrafo  de LA VERDAD

Comenzó el acto la Secretaria General, Doña Esperanza Orihuela Calatayud, haciendo entrega y felicitando a los ganadores ex aequo del VI Premio de Investigación Jurídica “Antonio Reverte Navarro”, Don Francisco Javier Ruiz Bursón, por el trabajo titulado “La insoportable levedad del ser: el derecho de gracia en el ordenamiento jurídico español” y Don Luis Alejandro Tercero Rodriguez, que presentó el suyo “Sobre la amnistía, su constitucionalidad y la LO 1/2024”. Ambas obras han sido editadas por la Academia, como preveían las bases del premio.

A continuación tomó la palabra Don José Tomás Bernal-Quirós Casciaro que disertó sobre “El origen y desarrollo de la academia de notarios y registradores de Murcia”, cuyo texto íntegro puede consultarse en el mismo sitio.

En su discurso el nuevo Académico de Honor , tras agradecer su nombramiento en la persona del presidente, Don Juan Roca Guillamón, hizo una referencia a sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, destacando su asistencia al Seminario de Derecho Civil y a las reuniones en el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos bajo la dirección del catedrático Don Federico de Castro y Bravo, eficazmente auxiliado por el letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado, Don Manuel Peña Bernaldo de Quirós y al que también asistió su hermano Juan José Bernal-Quirós Casciaro.

Nos contó también que, una vez terminada la carrera en Murcia, donde conoció al catedrático de Derecho Civil, Don Juan Roca Juan, sopesó dedicarse profesionalmente a la Universidad preparando las oposiciones a cátedra, pero finalmente se decantó por seguir los pasos de su hermano Juan José que estaba preparando registros.

Formaba parte, Jose Tomás, de un grupo de opositores de origen murciano, integrado además por Daniel Cáceres Hernández-Ros, Enrique Martinez-Abarca Ruiz Funes y Carlos Peñafiel de Río que habían decidido coordinarse para que se pudieran preparar ambas oposiciones, tanto notarías como registros, sin tener que salir de casa como habían tenido ellos que hacer porque en aquellos tiempos, años 60, la preparación de notarías y registros se concentraba en muy pocos lugares de España por lo que era evidente la utilidad de facilitar la preparación en Murcia.

Él fue el primero de los cuatro en ingresar, perteneciendo a la promoción de registradores de 1970 comenzando su dedicación a la preparación de opositores. Su primer alumno, en 1971, fue el juez Nicolás Maurandi, quien ingresó en el cuerpo de notarios. En aquella época comenzó la preparación de Antonio García Conesa (1972) y de Manuel Miñarro (1973) que también obtuvieron el título de notario.

Siendo ya registradores todos, excepto Carlos Peñafiel que aprobó notarías, en 1975 fundaron los cuatro en la vivienda familiar de Jose Tomás lo que con el tiempo se ha consagrado como Academia de Preparación de Notarios y Registradores de Murcia, si bien desde 1993, solo se prepara a futuros registradores, al haber decidido los notarios separarse.

A medida que fueron obteniéndose resultados positivos, tanto en notarías, con el ya mencionado Antonio García Conesa, como en registros, con Bartolomé Nieto García, ambos aprobados con dos años de preparación cuando la media era de cuatro, se fue ampliando tanto el elenco de preparadores como el de alumnos, atraídos por el éxito obtenido en las sucesivas oposiciones a ambos cuerpos y la fama de proporcionar una asistencia completamente personalizada al opositor, incluyendo acompañarle en la siempre difícil circunstancia de presentarse a cada examen.

Una característica esencial de la academia de preparación murciana, es que ningún preparador ha cobrado nunca por su trabajo de forma que el único criterio de admisión y permanencia es el de demostrar la valía y el esfuerzo diario de todos los candidatos durante los largos años que requiere obtener el aprobado.

Con el tiempo lo que fue una iniciativa generosa y sacrificada porque, entre otras obligaciones, los primeros preparadores hubieron de buscar destinos cerca de Murcia que les permitieran atender a los opositores, se ha ido transformando en una realidad consolidada: una academia de preparación con doce preparadores y setenta y cinco alumnos de media que está teniendo unos magníficos resultados, convocatoria tras convocatoria.

Terminó por ello el conferenciante felicitando al actual director de la academia, Don Pablo Fernández Sanchez, resaltando que la última promoción de registradores cuenta con nada menos que once alumnos aprobados de un total de cuarenta y seis, es decir, que el 24 por ciento de los aprobados de toda España fueron formados en Murcia.

El discurso de Don José Tomás Bernal-Quirós Casciaro fue contestado por el académico de número Don Antonio García Conesa, notario y registrador que, como antes se dijo, fue uno de los primeros y más brillantes alumnos de la academia de preparación.

En su contestación hizo una semblanza cariñosa y agradecida a quien fue su preparador y a Cole, su mujer, quien acogió en su casa y se desvivió por atender a los opositores que acudían a cantar los temas.

Hizo también alusión a los cargos que el nuevo académico desempeñó en el Colegio de Registradores en dos etapas:

- como vicedecano a partir de 1993 en que consiguió fraguar con los notarios y la Dirección General la colaboración notarías-registros por medio del fax informativo de la situación registral de las fincas y organizó y dirigió hasta llegar a buen puerto la redacción de unos nuevos estatutos colegiales que fueron votados por todos los colegiados y aprobados por el Gobierno.

- la segunda etapa, que no pudo ser tan creativa por ser prioritaria la defensa de la profesión, fue cuando lo eligieron vocal de relaciones institucionales en las elecciones a la junta de gobierno del Colegio de 2005. Aquí tuvo que hacer gala de toda su habilidad, mezclando sutileza con firmeza, para superar una etapa caracterizada por los expedientes disciplinarios y el desmesurado incremento de oficinas registrales patrocinados por un Centro Directivo hostil en ocasiones.

Terminó Antonio García Conesa transmitiendo su respeto y homenaje a Jose Tomás y a su esposa Cole, ambos excepcionales, humildes y sabios y leales, dijo.

Cerró el acto el presidente de la Academia, Don Juan Roca Guillamón, antiguo compañero de estudios del homenajeado en el seminario de Derecho Civil de la Universidad de Murcia quien reconoció que con este nombramiento la Academia satisfacía una deuda antigua para con el nuevo Académico de Honor.

También aprovechó, como hizo con ocasión del discurso de ingreso de Don Gaspar de la Peña Velasco según recoge desde entonces la página inicial de esta web, para resaltar la importancia que en estos tiempos tiene el mantenimiento del poder judicial independiente y profesional como tercer pilar imprescindible del Estado de Derecho que proclama la Constitución Española.

BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA

1ª) Podrán aspirar al mismo los autores de obras monográficas, originales e inéditas que versen sobre un tema jurídico de actualidad y relevancia.

2ª.) El premio está dotado con la cantidad de 5.000 €., y llevará aparejada su publicación por la Real Academia que lo convoca.

3ª) Las obras presentadas al Premio habrán de estar escritas en alguna de las lenguas oficiales de España, aunque siempre y, en su caso, al menos un ejemplar habrá de estar traducido al castellano.

4ª) Los trabajos habrán de tener una extensión de entre treinta y cincuenta páginas, DIN A4, escritas por cualquier procedimiento de reproducción mecánica, a doble o por una sola cara, tamaño de letra 12, interlineado 1,5, y no podrán ser o haber sido tesis doctorales, trabajos fin de grado o master, o parte de ellos.

5ª) Las obras deberán presentarse en forma anónima y se distinguirán con un lema cuya identificación se encontrará en una plica, cerrada y sellada, en la que se hará constar el nombre, los apellidos y el domicilio del autor y el título del trabajo. Se acompañará una Declaración Responsable de Garantía de Autoría y Originalidad suscrita bajo el mismo lema elegido por el autor.

6ª) En ningún caso podrán concurrir los Académicos de número ni electos de la Corporación, ni familiares hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad

7ª) Los trabajos habrán de remitirse con seis ejemplares a la Secretaría de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, sita en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, c/ Santo Cristo 1, 30001 o depositarse en la Conserjería de la Facultad de Derecho, a la atención de la Sra. Académica Secretaria General, antes de las veinte horas del día 30 de septiembre de 2025. También se acompañará un ejemplar en soporte electrónico (pen drive), formato WORD o similar.

Se admitirá igualmente la presentación de los trabajos en soporte digital, sin necesidad de aportar las copias en papel, siempre que el texto se identifique con un seudónimo y se acompañe aparte un sobre cerrado que exprese en el exterior el referido seudónimo y contenga en su interior los datos de identidad del autor/a del trabajo de que se trate

8ª) El Premio será otorgado por un Jurado constituido conforme al reglamento interno que rige el concurso e integrado por tres Académicos de Número y otros dos miembros, uno designado a propuesta del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, y otro por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia,

9ª) Por acuerdo del Jurado el premio podrá ser declarado desierto o bien otorgado a más de un trabajo, dividiendo en este último caso la cuantía de la dotación.

10ª) La concesión del Premio y el autor o, en su caso, autores premiados, serán dados a conocer en Sesión pública de la Corporación. En todo caso, el fallo será inapelable.

11ª) El autor del trabajo premiado y los seleccionados como finalistas, por el hecho de participar autorizan a la Academia a utilizar sus nombres e imagen a los solos efectos de promocionar el Premio y su publicación.

12ª) La Real Academia no se compromete a la devolución de los trabajos que no resulten premiados, aunque éstos podrán ser retirados personalmente por sus autores, o personas por ellos autorizadas en los dos meses siguientes a la comunicación del fallo.

13ª) Por el mero hecho de concurrir, los aspirantes al premio aceptan las bases que lo rigen y se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Murcia para la resolución de cualquier controversia en relación con el mismo.

Murcia, 21 de febrero de 2025.