Autoridades, miembros de esta Real de Legislación y Jurisprudencia, Señoras y Señores,

Nos hemos reunido hoy, en esta sede hermana del Iltre. Colegio de la Abogacía cuya hospitalidad agradezco una vez más, para recibir como nuevo Académico de número a D. Maximiliano Castillo, brillante abogado y fino jurista que acaba de acreditar el acierto que, en su día, tuvo el Pleno de la Real Academia al elegirlo como miembro numerario de esta corporación. Enhorabuena, Maxi, permíteme que aún en este acto solemne te llame así; y enhorabuena también al académico, Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller, que le ha recibido con un inteligente discurso a la altura que merece el recipiendario. La Academia cumple así con uno de sus fines: promover el estudio de todas las ramas del Derecho y saberes con él relacionados.

Pero la Academia no puede limitarse a eso, sino que también, como testigo de los aconteceres que, en estos atribulados tiempos, preocupan a nuestra sociedad, me parece que puede y debe ser uno de los actores que, desde la perspectiva jurídica, llame la atención sobre los problemas que causan desazón a buena parte de nuestros conciudadanos. Y la Academia no es un actor cualquiera, por la especial cualificación de sus integrantes. Así lo hemos hecho en ocasiones anteriores, como cuando nos ocupamos de la polémica generada por la Ley de Amnistía, o de ciertas cuestiones en torno a la Huerta de Murcia, aunque he de decir que este es un tema abierto, en suspenso, sí, pero no olvidado.

Quiero dejar claro que, aunque somos muchos los académicos que coincidimos en la valoración de algunos preocupantes hechos, debe quedar claro que mis palabras, hoy y aquí, no reflejan una opinión corporativamente formada, sino una opinión estrictamente personal, aunque si me permito trasladarla públicamente es porque, con los matices que se quiera, me consta que es ampliamente compartida. Simplemente creo que el momento histórico que vivimos merece dejar testimonio de mi preocupación como jurista y como ciudadano. Bien entendido, insisto en ello, que lo que voy a decir no se debe escuchar como opinión de la Academia, sino de su presidente.

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No puede ser que, ante los hechos poco edificantes de los que se nos da cuenta a diario en todos los medios ignoremos que en la situación que vivimos, nos convoca una necesidad urgente, un deber moral y una responsabilidad histórica en defensa de nuestra arquitectura democrática, en amparo del legado de concordia que recibimos y en salvaguardia del futuro de libertad que debemos transmitir a las siguientes generaciones. Y esa es una responsabilidad que ni podemos ni debemos eludir.

Para saber hacia dónde nos deslizamos, y sobre todo para entender que es lo que, en mi opinión, corremos el riesgo de perder, es imprescindible volver la vista atrás. Es necesario recordar el pilar fundamental sobre el que se edificó la España moderna, ese fenómeno que se dio en llamar la Transición española, como ejemplar evolución desde un régimen autocrático a una democracia moderna, objeto de estudio en los manuales de Derecho político en todo el mundo. Lamentablemente, en los últimos tiempos a menudo se intenta reescribir aquel proceso con una ligereza alarmante. La Transición no fue un simple compromiso de olvido ni una mera maniobra de despachos y pasillos. Contemplada con la perspectiva del tiempo histórico transcurrido y teniendo muy presente el punto de partida, de donde veníamos, no creo exagerado decir que la transición fue el mayor acto de generosidad, madurez y valentía colectiva que ha vivido nuestra patria en su historia contemporánea. La Transición fue el momento en que españoles de bandos ideológicos opuestos, hombres y mujeres que arrastraban las heridas de un pasado doloroso y fracturado que había causado profundas heridas en ambos bandos, decidieron mirarse a los ojos no como enemigos, sino como compatriotas.

Aquel proceso se asentó sobre valores que, desdichadamente, hoy parecen cotizar a la baja en algunos sectores del poder: el consenso, la tolerancia, la renuncia a la verdad absoluta y, por encima de todo, el imperio de la ley.

Los españoles entendimos entonces que la democracia no consiste en imponer la mitad más uno sobre la otra mitad, sino en construir un marco común donde todos, absolutamente todos, tengamos cabida. Y ese marco común se llamó Constitución de 1978.

La Constitución no nació para ser un arma arrojadiza, sino el escudo de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del poder. Y en el corazón de ese diseño constitucional se grabó a fuego una regla de oro de las democracias liberales: la separación de poderes. El barón de Montesquieu lo advirtió hace siglos, y su lección sigue plenamente vigente: "Todo hombre que tiene poder siente la inclinación a abusar de él... para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder". Por ello ya el premonitorio aviso de un combativo líder político de los años noventa anunciando que Montesquieu ha muerto auguraba nada bueno; aunque seguramente ni él mismo imaginaba hasta donde podrían llegar las cosas.

Cuando hoy contemplamos la preocupante deriva de un Poder Ejecutivo; que no busca gobernar dentro de la ley, sino moldear la ley a la medida de sus necesidades políticas; que no acepta la fiscalización, sino que señala y ataca a quienes tienen el deber de controlarlo... entonces, la complacencia no es una opción. Parafraseando a nuestro nuevo académico, el silencio nos hace cómplices.

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Asistimos hoy a una suerte de asedio institucional, cuyo primer y más encarnizado frente de batalla se centra sobre el Poder Judicial. Estamos presenciando un espectáculo inaudito en nuestra democracia: el señalamiento público, con nombres y apellidos, de jueces y magistrados desde la tribuna de oradores del Gobierno y sus socios. Se les acusa de lawfare, sin que se sepa bien que se quiere decir con esta expresión; se fantasea con imaginarias conspiraciones togadas y se intenta minar la credibilidad de los tribunales ante la opinión pública. Pero en su conjunto la justicia no se doblega, al margen de las legítimas adscripciones ideológicas de sus componentes.

La respuesta al motivo de este ataque sistemático es tan vieja como la ambición humana: un juez independiente es el último obstáculo para el poder absoluto. Tristemente, el Ejecutivo parece haber olvidado que en España la soberanía reside en el pueblo, sí; pero esa soberanía se expresa a través de las leyes que los jueces están obligados a aplicar, sin mirar las siglas, el cargo o el apellido del encausado.

Cuando se ataca a un juez o a un fiscal por aplicar la ley, no se está atacando a una persona; se está desmantelando el Estado de Derecho. Si los ciudadanos perciben que la justicia es un mero instrumento de la política, que los tribunales están al servicio del gobernante de turno, se resquebraja el contrato social. Sin seguridad jurídica, la democracia se convierte en una envoltura vacía y la libertad en una quimera.

Ante esta percepción, desde aquí quiero mandar un mensaje claro, nítido y rotundo a todos los servidores, de cualquier ideología, de la judicatura española y también de la Fiscalía: podéis tener la convicción de que no estáis solos, porque quienes creemos en el Derecho sabemos que vuestra independencia es nuestra libertad. Cada vez que dictáis una sentencia aplicando la norma frente a las presiones políticas, estáis protegiendo los derechos de cada ciudadano de este país. La justicia no es un apéndice del Gobierno; es el pilar que sostiene la nación de ciudadanos libres e iguales que es España.

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Permítaseme todavía tener unas palabras para quienes acertadamente deberíamos llamar custodios de la libertad. Y es que el control que parece buscar el Ejecutivo no se detiene en los juzgados. Se extiende de manera alarmante hacia las instituciones que garantizan nuestra seguridad, nuestro orden constitucional y la ejecución misma de las leyes, como son la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ambas instituciones son, año tras año, las más valoradas por los ciudadanos españoles. Y lo son por una razón muy sencilla: porque sus hombres y mujeres visten el uniforme con vocación de servicio, neutralidad política y lealtad inquebrantable a la Corona como forma de Estado, a la Constitución y al pueblo español. Son los que llegan donde el Estado a veces no llega; son los que arriesgan su vida en el Estrecho, en nuestras fronteras, en las calles de nuestras ciudades y en el rincón más aislado de la España rural.

Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo a una utilización partidista e instrumental de estas fuerzas. Hemos visto con estupor ceses fulminantes de mandos intachables por el mero hecho de cumplir con su deber judicial y negarse a filtrar informes sometidos a secreto de sumario. Asistimos a la desprotección física, material y moral de nuestros agentes en las fronteras y en las zonas calientes del narcotráfico, mientras el Ejecutivo prefiere priorizar pactos políticos con quienes debilitan al Estado.

Es intolerable que se trate a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como herramientas de conveniencia política. Cuando un ministro o un responsable gubernativo purga a un servidor público por su integridad, no está mejorando la seguridad del país; está debilitando las defensas de la democracia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son la guardia pretoriana de ningún gobierno; son los garantes de la libertad de todos. Su sumisión debe ser siempre a la ley, nunca al capricho del político de turno. Su lealtad la deben al Estado, que es consistente y estable, no al Ejecutivo, que es transitorio.

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Señoras y señores: la Transición nos enseñó que la democracia es una construcción robusta, pero cuya maquinaria requiere un mantenimiento constante que rellene sus fisuras y recosa sus costuras. Los valores no necesariamente se heredan, sino que hay que defenderlos cuando advertimos que son soslayados. La democracia hay que defenderla cada día.

Lo que costó generaciones construir sobre el soporte del perdón y el esfuerzo mutuo en la reconciliación, no puede ser desmantelado por la arrogancia de quienes ven las instituciones del Estado poco menos que como una captura cinegética.

No estamos ante una discusión técnica de juristas ni ante una disputa partidista ordinaria. Estamos ante una encrucijada existencial para nuestra nación. O permanecemos fieles al espíritu del 78 —un Estado social y democrático de derecho, con separación de poderes y sumisión de todos a la ley— o nos deslizamos hacia un modelo autocrático donde la voluntad del gobernante, sin contrapesos, no encontrará límites que la neutralicen.

Por ello, desde esta tribuna, me permito apelar hoy a la conciencia de la sociedad civil en la defensa de aquellos valores. Y me refiero concretamente a los profesionales de la justicia, a las fuerzas de seguridad, a los intelectuales, a los jóvenes y a los mayores para que, en su actuar, simplemente recuerden de donde salimos y lo difícil que fue llegar hasta aquí.

Con mi agradecimiento por su asistencia y atención, el acto ha concluido. Se levanta la sesión.